"No se trata de proyectar, se trata de proyectarse" (Anna Marra)


¿Qué es el LPM?

Es un cuerpo de conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades propia del project management y adaptadas al entorno jurídico.

En otros sectores como el industrial, de la defensa, de la construcción, de las nuevas tecnologías y el bancario, desde tiempo se utilizan conocimientos y herramientas propias de la disciplina de gestión de proyectos, con resultados significativos con respecto a la gestión de cuatro factores claves: alcance, tiempo, coste y calidad.

 

El sector legal también se puede beneficiar de este enfoque 

para poder gestionar el trabajo de forma 

más eficiente, más productiva y más alineada con las exigencias del cliente. 

 

¿Por qué cambiar?

El sector legal ha evolucionado gracias a un driver principal: la asesoría jurídica. La eficiencia en la gestión, la estandarización de los procesos, la capacidad de trabajar en entornos complejos multidisciplinares y multiculturales exigen una transformación de la profesión y de las organizaciones del sector.

Las fuerzas del mercado y de la industria han cambiado y cada vez más se delinean nuevas tendencias retadoras. Hemos empezado a oír (y disfrutar de) expresiones como “re-thinking the law” o “disruption”. Queda un estupendo lienzo blanco para pintar.

Ventajas del LPM

  • Alinea la práctica organizativa a la estrategia y cultura del despacho
  • Aumenta la eficiencia y la eficacia de la solución prestada
  • Permite generar respuestas más rápidas y flexibles
  • Permite prever y reducir los costes tanto del despacho y consecuentemente del cliente
  • Permite asignar los recursos necesarios atribuyendo responsabilidades y tareas
  • Permite saber cuántos recursos estarán ocupados, cuando y por cuanto tiempo
  • Evita desperdicio de recursos y especialmente de información
  • Reduce o elimina el nivel de incertidumbre, a través de una correcta identificación y gestión de los riesgos

¿Quién lo puede usar?

  • Los despachos de cualquiera tamaño y disciplina.
  • Los departamentos de servicios jurídicos de empresa, que quieran fomentar la agilidad de la estructura, la rapidez de las decisiones y el control de los recursos.
  • Los despachos de notarios y las consultorías jurídicas